La Comisión de Fiscalización aprobó su informe de investigación a las actuaciones de funcionarios del Estado frente a las denuncias públicas sobre la presunta mala calidad, indebida prestación y cobros excesivos de los servicios de telefonía e internet móvil y generadores eléctricos a nivel nacional.
En su informe, la mesa legislativa identificó problemáticas como la falta de respuesta institucional, siendo esta “insuficiente y tardía”. Según se detalla, “medidas como la entrega de gigabytes adicionales a los usuarios fueron inútiles en un contexto donde la conectividad era inexistente debido a la falta de energía eléctrica”.
En el documento también se detalla que, durante el período de crisis, la Defensoría del Pueblo recibió más de 750 denuncias relacionadas con la mala calidad del servicio y los cobros indebidos. Sin embargo, no se observó una coordinación efectiva entre esta y las entidades reguladoras para resolver las problemáticas de manera rápida y efectiva.
Otro aspecto crítico fue la limitada fiscalización por parte de las entidades reguladoras. “Aunque Arcotel aplicó sanciones a algunas operadoras, estas carecieron de impacto significativo y no motivaron mejoras sustanciales en la prestación del servicio”, lo que implica una responsabilidad directa del Gobierno Nacional en la gestión de la problemática, se explica.
La legisladora Pamela Aguirre, presidenta de la comisión, señaló que “la falta de mecanismos efectivos para garantizar la protección de los derechos de los usuarios en situaciones de emergencia, los dejó desprotegidos frente a los abusos de las operadoras”.
Mientras que, la asambleísta Sofía Espín, proponente de la aprobación del informe, mencionó que los cobros indebidos por servicios no prestados, la ausencia de compensaciones proporcionales y la ineficiencia de las sanciones configuraron una respuesta institucional nula y débil.
El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para ser puesto en conocimiento de las y los legisladores y analizado por el Pleno.
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