La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, en la continuación del proceso de fiscalización respecto a la situación de las personas adultas privadas de la libertad, recibió información del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Luis Zaldumbide, así como de la Directora del Centro de Privación de Libertad Guayas 1.
Luis Zaldumbide destacó los avances en materia de rehabilitación social en ocho meses de gestión, que han permitido superar problemas como el autogobierno de los líderes de los grupos de delincuencia organizada; la pugna entre bandas; masacres en las cárceles; la economía ilegal; y, el ambiente hostil. De allí que se ha disminuido el índice de muertes violentas en el sistema penitenciario.
Explicó que ha priorizado el fortalecimiento de la Dirección de Información Penitenciaria, a fin de contar con data actualizada y confiable sobre las personas privadas de libertad, así como el acceso a los beneficios penitenciarios. Indicó que antes del actual período no existía información adecuada, puesto que había una desorganización total.
Informó que se han mejorado los servicios de salud a favor de todas las personas privadas de libertad, con igualdad de derechos, sobre todo en medicina preventiva. También, el servicio de alimentación, que actualmente se cumple con las tres raciones alimenticias por día. Así mismo, se apoyan mecanismos de rehabilitación como el acceso a estudios superiores, impulso a la lectura, para beneficiar a los 33 mil privados de libertad.
De su lado, Martha Macías Cedeño, directora del Centro Guayas 1, aseguró que han cumplido con todos las funciones que nos corresponde, como manda la ley, con atención oportuna de salud, en prevención y en casos de emergencia. "Hemos trabajado arduamente, les hemos dado todas las facilidades de atención a quienes padecen enfermedades catastróficas", señaló.
Igualmente, recibió en comisión general a Karol Noroña, periodista especializada en violencia, cárceles y derechos humanos; Liliana Caguao; y, Nidia Coral, familiares de personas privadas de libertad. Noroña subrayó que lleva años en reporterismo sobre la crisis carcelaria y la tónica de las autoridades ha sido el silencio, sobre el número de muertes y el acceso a cifras. Frente a ello, dijo, se han visto obligados a buscar fuentes alternas, personas especializadas en materia de cárceles, familiares de internos, entre otras, que han referido presuntos hechos de tortura y violencia en las cárceles.
Mientras, los familiares de los internos coincidieron en que algunas personas internas en las cárceles padecen de enfermedades catastróficas y que no se presta la atención debida, ni siquiera se cumple con el pronunciamiento judicial, mediante hábeas corpus correctivo. Así mismo, dijeron que se mantienen casos de xenofobia al interior de los centros de privación de libertad.
Censo
Por último, dentro de la fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, la mesa legislativa recibió a Nua Fuentes, de la Organización Proyecto Transgénero, quien cuestionó el manejo de la información referente a la población LGBTIQ+ durante los estudios estadísticos, puesto que no se realizaron las preguntas específicas para identificar a las personas que pertenecen a este segmento poblacional.
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