En atención a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional y dentro del análisis sobre el funcionamiento de las clínicas de diálisis, la Comisión del Derecho a la Salud recibió los criterios del doctor Eduardo Verdesoto, representante de un grupo de Clínicas de Diálisis del Ecuador.
Verdezoto indicó que el origen de la problemática radica en el 2009, en que se dispuso la atención universal, es decir el acceso a los servicios de salud a toda la población que vive dentro del territorio nacional, independientemente de si eran ecuatorianos o no, sin definir las fuentes de financiamiento, ni los procesos de gestión operativa. Esto ocasionó que el sector privado comenzara a recibir pacientes que el sector público no podía atender.
Informó que, al momento, el número de usuarios se estima que son más 19 mil en diálisis, de quienes 9 mil son del IESS; 9 mil del MSP y el resto pertenece al ISSPOL e ISSFA, lo que quiere decir que abastecen al 88 % de los usuarios y los centros públicos solo cubren el 12 % del total de los usuarios. Dijo que alrededor de 5 mil personas no acceden a ningún tipo de diagnósticos.
Explicó que para el año 2030, de los 19 mil 500 usuarios ascendería a más de 34 mil, en lo público y privado, tras recordar que dentro de los pagos pendientes el Gobierno asignó 100 millones de dólares a prestadores externos, entre ellos los centros de diálisis, pero que aún no lo ven. El costo aproximado de las terapias de un año de los 19 mil 500 usuarios es de más 307 millones 560 mil dólares.
Añadió que todas las dializadoras tienen problemas jurídicos, demandas laborales, tienen dificultad para pagar los sueldos y los aportes al IESS. Los proveedores de insumos han decidido incrementar el costo para recuperar el dinero no cobrado a tiempo, por lo que buscan financiamiento para no dejar de prestar los servicios a las miles de personas que tienen en riesgo su vida.
El parlamentario Geovanny Benítez expresó que la falta de solución a este problema es una indolencia por parte del Gobierno nacional. Camilo Salinas consultó al doctor Verdesoto sobre alguna regulación legal para el tratamiento de enfermedades renales. En respuesta, señaló que no existe una ley de salud renal, de prevención o problemas nefrológicos, por lo que sería importante una legislación en prevención.
RSA/am
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