La Comisión de Biodiversidad recibió en su mesa de trabajo a varios expertos jurídicos, productores y activistas por el bienestar animal, para continuar con el tratamiento del proyecto de Ley para la Promoción, Protección y Defensa de los Animales No Humanos.
Leonel Baquerizo, de la Asociación de Ganaderos de Litoral y Galápagos, cuestionó el espíritu del proyecto propuesto. A su consideración se intenta transformar a los animales de objetos a sujetos de derechos. “De esta forma, ningún ser humano podría ejercer propiedad, dominio o usufructo sobre animales y ya no serían sus dueños, sino sus tutores”, dijo.
“Los derechos de los animales, como se plantean en este proyecto atentan contra el derecho a la propiedad usufructo humano de los mismos”, enfatizó.
En consonancia, Fabián Eguiguren, presidente del Centro Agrícola de Cayambe, destacó que, de aprobarse, la ley causaría un impacto irreversible al aparato productivo nacional, pues “el 70% de los productos de consumo de la canasta familiar provienen de actividades que están limitadas en este proyecto”.
Por otro lado, Luiz Mazzon, director de Humane Farm Animal Care, rebatió este argumento mencionando que, cada vez más países importadores exigen observar reglamentaciones sobre producción sostenible. A su criterio, “el mercado mundial, tanto como el nacional, deben mirar hacia quienes tienen estándares de consumo con criterios de bienestar animal”.
Por su parte, Cristina Alarcón, del Movimiento Animalista Nacional, hizo énfasis en que, “reconocer los derechos animales en su especificidad es el siguiente paso a lo ya establecido en el artículo 171 de la Constitución”.
“Bajo ningún concepto se desea equiparar los derechos humanos con los derechos de los animales, ni restar derechos de titularidad o de propiedad”, dijo. La experta sostuvo que la aprobación de esta ley es crucial para la creación de entornos saludables y sostenibles y que promuevan la responsabilidad ecológica.
Además, la comisión aprobó el cronograma de visita, junto a varias autoridades del Gobierno, a las provincias de Sucumbíos y Orellana, a fin de verificar el apagado de los mecheros, derrames petroleros y pasivos ambientales, el próximo 26 y 27 de julio.
CV/am
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