En el marco del tratamiento unificado de los ocho proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió a autoridades del Estado que observaron varios de sus artículos y plantearon nuevas modificaciones a la misma.
Alejandro Dávalos, viceministro de Relaciones Exteriores, propuso, “a fin de mejorar la capacidad nacional para el control migratorio riguroso, reformas que no han sido contempladas en los proyectos presentados”. Entre ellas, incluir la figura “visa de transeúnte” en el artículo 66 de la norma, configurándose en una autorización para transitar por el Estado ecuatoriano a las personas de las nacionalidades que la autoridad de movilidad humana determine.
También propuso incluir el “certificado de permanencia migratoria” como un requisito para la obtención de visas temporales y permanentes. A su criterio, este es un mecanismo que permitirá identificar posibles alertas de personas extranjeras y tener un registro actualizado de las mismas.
Por su parte, Galo Rodríguez, Cristian Nieto y Pablo Bolaños, delegados de la Defensoría del Pueblo, instaron a la mesa a observar los estándares internacionales de derechos humanos a fin de evitar sanciones migratorias excesivamente punitivas o arbitrarias. Además, en relación a la protección del principio de unidad familiar, observaron la necesidad de incluir mecanismos que la prioricen y reconozcan los “diversos tipos de familias”.
Así mismo, formularon la propuesta de explorar alternativas dentro del sistema financiero público para apoyar a personas migrantes retornadas en su inclusión económica y gestionar, con entidades competentes, la creación de un programa de recompensas para información sobre coyoteros.
Gabriela Pogo, subsecretaria de migración del Ministerio del Interior, solicitó incluir una serie de reformas al texto en análisis. Respecto a las causales de inadmisión de ciudadanos extranjeros en territorio nacional, requirió que se sume la “documentación destruida” a la inexacta e ilegible, que ya constan en la ley vigente, como susceptibles de retorno inmediato al país de origen.
En cuanto a las causales de deportación, establecidas en el artículo 143 de la norma, puso en consideración de la mesa legislativa el endurecimiento de la prohibición de reingreso al Ecuador, de 3 a 10 años, por el cometimiento de faltas relacionadas con la seguridad nacional y el orden público.
Sobre la gradualidad de las faltas, pidió establecer un régimen sancionatorio diferenciado entre faltas leves, graves y muy graves, siendo una de las últimas, por ejemplo, el transporte de personas sin papeles vigentes y en regla. Estas sanciones serán aplicadas a personas naturales o jurídicas, como las empresas de transporte aéreo o terrestre internacional.
Al finalizar la sesión, Jonathan Parra, presidente de la comisión, conminó a las autoridades presentes a continuar colaborando para enriquecer el texto unificado en análisis y convertirlo en una herramienta que proteja los derechos de las y los ecuatorianos migrantes, así como de las poblaciones en condición de movilidad humana.
CV
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