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La Sesión N.038 en modalidad virtual, que tenía como objetivo avanzar en el estudio del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esta labor, se ha contado con la invaluable colaboración de expertos en la materia económica y en derecho internacional, cuya opinión ha sido fundamental para analizar en detalle los términos de este acuerdo.
La participación de estos expertos ha enriquecido el debate y ha permitido una mirada crítica y especializada sobre las implicaciones económicas y sociales que este acuerdo puede tener para el país. La transparencia y la participación ciudadana son valores fundamentales en la construcción de políticas públicas, y en este sentido, la Comisión se ha esforzado por garantizar que la ciudadanía esté informada y pueda contribuir de manera activa en este proceso.
Es necesario continuar con este trabajo en equipo, en el que se sumen distintas voces y enfoques, para asegurar que las decisiones tomadas en materia económica sean justas, equitativas y respondan a las necesidades del país en su conjunto.
Entre los comparecientes se encontraba Andrés Chiriboga, representante del Observatorio de la Dolarización, manifestó que un acuerdo crediticio que se enfoca sustancialmente en garantizar pagos externos, no corrige el problema de balanza de pagos y no ayuda a una gestión sostenible de la dolarización. Aseguró que el diseño del acuerdo alimenta la trampa deuda y que la intervención constitucional debe permitir la discusión en estos aspectos para tomar decisiones informadas y coherentes con la Ley (ecuatoriana y del FMI) y con las necesidades de la economía del país.
El Exministro de Finanzas, Antonio Flores, en su intervención aseveró que el país necesita inversión pública. "Cuando la inversión pública se arruina, la gente se muere, la infraestructura educativa no progresa, no hay matriculas para que los jóvenes estudien, la policia no cuenta con equipamiento, esa y más son las consecuencias de una inversión pública precaria", aseguró.
Para Diego Borja, especialista en economía, expresó que los objetivos centrales del programa respaldado por el SAF, son fortalecer la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo a los grupos vulnerables, salvaguardando la dolarización y la establidad macroeconómica; además, reconstruir los colchones de liquidez, mejorar la estabilidad e integridad financiera, y seguir avanzando en la agenda de reformas estructurales para promover un crecimiento sostenible e inclusivo.
Gustavo Endara, experto en economía, se centra la deuda pública nacional e internacional, así como en el efecto del acuerdo en la resolución de la crisis económica. Por su parte, Christian Pino, especialista en Derecho Internacional, presentó un análisis técnico sobre el tratado y examinó como afecta en el ámbito del derecho internacional.
La Comisión seguirá trabajando en este sentido, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana como pilares fundamentales de una democracia sólida y responsable.
