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APROBADO EL INFORME PARA PRIMER DEBATE SOBRE LA TARIFA A LA TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS USADOS Y OTRAS REFORMAS
La Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, con calificación urgente en materia económica.
La iniciativa normativa tiene como objeto la prevención, localización y combate del delito de lavado de activos y la introducción de capital ilícito en la economía del mercado local y nacional del Ecuador.
En esta línea, se propone la regulación para el control del lavado de activos en el comercio de vehículos usados; fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); reformas a la Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos; y, la inclusión de la figura de sociedades anónimas deportivas, con la reformas a la Ley de Compañías, así como a la Ley del Deporte.
Con relación a los vehículos usados, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango precisó que no se trata de un nuevo impuesto, sino que a la actual tarifa se aplicará los principios de progresividad y justicia social, “beneficiando a más de 430 mil familias, a quienes se les baja el impuesto”.
Los 6 rangos que se proponen son: hasta USD 20.000,00, la tarifa de 0.75 %; entre 20.000,01 y 50.000,00, el 1.00 %; entre 50.000,01 y 60.000,00, el 1.25 %; entre 60.000,01 y 70.000,00, el 2.25 %; entre 70.000,01 y 80.000,00, el 3.25 %; y, entre 80.000,01 en adelante, el 4.25 %
Al aplicarse esta tabla progresiva, al 73 % se le disminuiría la tarifa, al 26 % se mantiene y al 2 % se le incrementa.
Previo a la votación, los temas comentados fueron sobre los “poderes de la UAFE” que tendrá la facultad de solicitar, como medida cautelar, el congelamiento de fondos en caso de advertir operaciones sospechosas; así como, la creación de sociedades anónimas deportivas.
Entre los cambios al texto consta la eliminación de la sustitución del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, respecto a las “Órdenes especiales en materia de inmovilización preventiva relativa a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
