En la Sesión N.° 930 el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió solicitar al Presidente de la República que declare en emergencia al Hospital Marco Vinicio Iza, en la provincia de Sucumbíos.
También solicitó al mandatario que disponga al Ministerio de Economía y Finanzas, la asignación de los recursos necesarios al Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de prevenir la muerte de neonatos, investigar los casos ocurridos en el referido hospital y fortalecer la salud de la provincia.
Según lo resuelto, el ministro de Salud, Franklin Encalada deberá comparecer ante la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, para que informe las acciones realizadas para esclarecer los hechos en torno a la muerte de neonatos en dicho hospital.
El asambleísta Comps Córdova, proponente de la moción, subrayó la necesidad urgente de esta declaración, debido a la alarmante cifra de 137 neonatos fallecidos desde 2020 hasta febrero de 2024.
Por su parte, Pierina Correa advirtió que, a pesar de visitas en territorio y llamados al Ministro de Salud de la administración anterior no se han obtenido respuestas concretas. “La situación de muertes neonatales y de algunas madres persiste, con sospechas de una bacteria como causa, por lo que es necesaria la intervención inmediata del actual gobierno”, subrayó.
La legislatura conminó al Ministerio de Salud Pública para que intervenga de forma urgente en el Hospital Marco Vinicio Iza, a fin de garantizar el derecho a la integridad personal y la vida de los pacientes. Además, se requiere que presente un informe detallado en el plazo de 15 días, que incluya un plan de acción para prevenir muertes neonatales y las necesidades del hospital.
También, se solicita al Ministerio de Economía y Finanzas que presente en 15 días un informe detallando la asignación de recursos al hospital durante el periodo 2020-2024.
La Comisión del Derecho a la Salud realizará la fiscalización de las acciones del Ministerio de Salud Pública para esclarecer las muertes neonatales y erradicar sus causas. Deberá presentar un informe en 30 días sobre la fiscalización y las acciones ejecutadas, el cual será presentado al Pleno de la Asamblea Nacional.
SJ/pv
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