Con 100 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Orgánica Derogatoria del Decreto-Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, que pretende dejar sin efecto la norma vigente desde el 29 noviembre de 2021.
Noemí Cabrera, asambleísta ponente, recordó que la propuesta presentada por el Ejecutivo no respondía a la unidad de materia. Cuestionó que luego de un año de la vigencia de la Ley no se han evidenciado los beneficios para los ciudadanos, por el contrario, se han visto afectados al tener que pagar más impuestos. “El peso de la crisis económica no debe recaer sobre los ecuatorianos de clase media. Medio millón de ciudadanos ya no pertenecen a este segmento”, afirmó.
En el debate intervinieron 9 parlamentarios, quienes argumentaron que la ley vigente provoca perjuicios económicos a la clase media y sectores populares. Destacaron que no hay impedimento legal para que la Función Legislativa derogue esta Ley que calificaron como lesiva.
También señalaron que la Corte Constitucional emitió una sentencia que determina que ciertos aspectos del Decreto-Ley contravienen el principio de unidad de materia; que el rango correspondiente a negocios populares de la tarifa del RIMPE contraviene principios tributarios reconocidos en el artículo 300 de la Constitución; que eximir a las personas que se acojan al Régimen Impositivo de Regularización de Activos de la investigación de ciertos delitos contraviene el artículo 195 de la Constitución; y, que la exención del pago del impuesto a la herencia a quienes mantienen un vínculo de primer grado de consanguinidad con el causante o al cónyuge sobreviviente, en caso de no existir hijos que accedan a la masa hereditaria, contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación.
Comisión general
Previamente, el Pleno Legislativo escuchó a Freddy Barros, presidente de la Federación Provincial del Artesano del Azuay; y, Mauro Sánchez, representante de la Unión Nacional de Panificadores Artesanales, quienes subrayaron que el Decreto - Ley es inconstitucional porque el Impuesto a la Renta no se debe calcular sobre las ventas sino sobre las utilidades.
De su lado, Jorge Cáceres, coordinador del Frente de Petroleros Ecuatorianos, destacó que el capítulo 10 de la norma respecto a las reformas a la Ley de Hidrocarburos representan un retroceso para el país, porque pretende entregar procesos en marcha a transnacionales petroleras sin especificar los casos de excepcionalidad para delegar contratos de los sectores estratégicos.
BG
