En la sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales, dentro del tratamiento para primer debate del proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, comparecieron representantes de colectivos de Afrodescendientes y de la Federación Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe, quienes expusieron las afectaciones derivadas de la minería ilegal en sus comunidades.
En este contexto, Washington Tiwi, presidente de la Federación Provincial Shuar de Zamora Chinchipe, destacó la importancia de la consulta previa en los proyectos de desarrollo social. Señaló que aquellos proyectos que no son construidos con la comunidad pueden vulnerar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Además, alertó sobre la falta de control en la minería ilegal, que estaría ocasionando pérdidas al Estado superiores a los 60 millones de dólares, recursos que podrían destinarse a obra pública. En su intervención, solicitó la fiscalización a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), encargados de emitir los permisos de uso de suelo.
De su lado, Felicia Anguasha, presidenta de la Organización de Mujeres Artesanas Shuar, advirtió sobre las graves afectaciones económicas, culturales y ambientales generadas por la minería ilegal. Enfatizó la necesidad de proteger los derechos de niños, jóvenes y adultos y resaltó la importancia de que las comunidades sean tomadas en cuenta en las decisiones legislativas. Asimismo, solicitó apoyo para garantizar el acceso a la educación en la provincia, ya que, según su testimonio, estos derechos no están siendo respetados.
Desde el Colectivo Afrodescendiente de Zamora Chinchipe, Dayana Vera resaltó que esta es la primera vez que su comunidad comparece ante la comisión, lo que representa una oportunidad para visibilizar las afectaciones de la minería en su territorio, especialmente de la niñez. En la misma línea, Mercedes Obando, dirigente del Colectivo Afro Zamora Chinchipe, expuso los desafíos que enfrenta la población afro en la provincia, destacando que la minería ha provocado el desplazamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes.
El legislador Adrián Castro coincidió́ en la preocupación por los problemas generados por la minería ilegal, señalando que su impacto se extiende a toda la zona sur del país, incluyendo las ciudades, debido a la falta de regulaciones.
Finalmente, la presidenta de la comisión, Paola Cabezas, agradeció a los comparecientes por su participación y por exponer sus observaciones sobre la problemática minera que afecta a Zamora Chinchipe.
SH
