Con 85 votos afirmativos, el Pleno del Parlamento resolvió iniciar el proceso de fiscalización a la designación del actual Gerente General de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, sobre la base del informe presentado por la legisladora Margarita Arotingo, en el que se destacan serias irregularidades en la designación del actual gerente y en la gestión, cesión y transferencia de proyectos mineros como Coronas, Huambuno y Nanguipa.
El informe señala que estas acciones han causado un grave perjuicio al Estado, favoreciendo a intereses particulares.
Entre las denuncias presentadas se incluye la designación Irregular del Gerente General de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, se cuestiona que no cuenta con los títulos ni la experiencia necesaria, además de haber sido seleccionado mediante una entrevista realizada por una persona sin el perfil adecuado.
Con relación a la transferencia del proyecto Coronas se alega que el gerente, recién en funciones, firmó un acuerdo para la transferencia de este proyecto sin informes aprobados por el directorio de ENAMI, sin el conocimiento técnico adecuado, y con un valor que corresponde a minería artesanal o comunitaria, lo que implica un manejo inadecuado de los recursos públicos.
Ante estas denuncias, el Pleno de la Asamblea resolvió enviar el informe a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que realicen las investigaciones pertinentes y determinen responsabilidades si las hubiere.
Además, de solicitar a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social que, en un plazo de 30 días, presente un Informe de Fiscalización basado en los hallazgos del Informe de Control Político y en las comparecencias y revisiones realizadas, respecto a las irregularidades en la designación del Gerente General y la gestión de los proyectos mineros mencionados.
Este caso evidencia la importancia del control y la transparencia en la administración pública, especialmente en sectores estratégicos como la minería, donde el manejo adecuado de recursos y la correcta designación de autoridades son esenciales para proteger los intereses del Estado y de la ciudadanía.
SH/am
