La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales presentó informe favorable respecto del Acuerdo sobre la Orden MERCOSUR de Detención y Procedimientos de Entrega de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados y sus anexos.
El respectivo documento está suscrito por los asambleístas Eduardo Zambrano, Marllely Vásconez, Linda Machuca, Diego Salgado, Verónica Rodríguez, Mary Verduga y Fernando Bustamante, presidente del organismo.
Objetivo
Tiene como principal objetivo la detención y entrega, por parte de un Estado Parte a otro Estado Parte, de una persona requerida para ser procesada por la presunta comisión de un delito, para que responda en un proceso en curso o por la ejecución de una pena privativa de libertad. Ello contribuye a optimizar los niveles de seguridad de la región, garantizar la punición y prevenir la comisión de nuevos delitos mediante la cooperación regional.
Análisis y conclusiones
La Comisión, en las conclusiones del informe, sostiene que el Acuerdo guarda armonía con las políticas de seguridad del Estado ecuatoriano y viabiliza los procesos de cooperación regional en materia de seguridad; que es obligación del Estado ecuatoriano garantizar la seguridad humana a través de la adopción de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, así como promover una cultura de paz, con el fin último fin de prevenir toda forma de violencia y la comisión de delitos e infracciones.
Además que constituye un avance para que los Estados de la región puedan responder y combatir el crimen organizado transnacional fortaleciendo mecanismos de cooperación entre estos, para eliminar diferencias entre las distintas legislaciones nacionales; posibilita la aplicación de importantes instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional y sus Protocolos Complementarios o Convención de Palermo.
También determina que el instrumento guarda armonía con varios preceptos constitucionales como el derecho a la movilidad humana, el derecho a la seguridad jurídica y los derechos de protección, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
MG/pv /Asamblea Nacional