La situación real y funcionamiento de la seguridad privada en el país se convirtió en motivo de preocupación y análisis por parte de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, para cuyo efecto organizó un taller respecto de la temática.
Al encuentro, en calidad de expositores, acudieron los especialistas y consultores Paco Moncayo, Lautaro Ojeda, Ricardo Camacho y Mario Ramos, del Centro Andino Estudios Estratégicos, quienes dieron criterios y aportes al proyecto de reformas a la Ley Seguridad Privada, de iniciativa del legislador Paco Fierro.
El asambleísta Fernando Bustamante, presidente del organismo legislativo, subrayó que es fundamental definir la necesidad del país de construir una nueva normativa integral o implementar reformas a la ley vigente, al sostener que en los últimos años se ha dado una serie de problemas derivados de la mercantilización de la seguridad. Hay que regular a los servicios de investigación privada y cómo se maneja la información obtenida por dicha acción, añadió.
En general (r) Paco Moncayo argumentó que lo ideal sería que no haya seguridad privada y que el Estado asegure a todos sus ciudadanos. Sin embargo, la presencia de delitos como secuestros y asaltos a bancos, que se intensificaron en los años 80, ha provocado que las sociedades se vean gravemente amenazadas por el crimen organizado, ante lo cual han aparecido un sinnúmero de compañías de seguridad privada, agregó.
En estas circunstancias, manifestó que es impostergable que la actividad sea suficientemente regulada para evitar cualquier distorsión, tomando en cuenta que existen 1 200 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías y 200 que laboran de manera irregular, lo cual engloba un personal de 52 300 guardias de seguridad privada, que sobrepasa al número de elementos de la Policía Nacional.
A su vez, Lautaro Ojeda indicó que el problema actual de la Ley de Seguridad Privada es que está desactualizada, incompleta y descoordinada con la seguridad pública, al puntualizar que urge fijar el papel de las empresas de seguridad en la prevención del delito, así como en la vigilancia electrónica.
Sugirió reestructurar o crear entidades de formación y capacitación de servidores de seguridad privada, con acreditación o certificación del Estado; realizar un inventario de las empresas que funcionan en forma legal o ilegal; crear un organismo público único que ejerza el control, coordinación, monitoreo, supervisión y evaluación de la industria y servicios de seguridad privada.
Asambleísta por Latinoamérica, El Caribe y África...
