FISCALIZACIÓN A AUTORIDADES QUE EJERCEN RECTORÍA DE SECTORES SERÁ MOTIVO DE CONSULTA
Hoy lunes 06 de abril, la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, por unanimidad de los nueve asambleístas presentes, decidió solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, proponga ante la Corte Constitucional la interpretación al artículo 131 de la Constitución de la República, a fin de establecer si dentro de la frase “y demás autoridades” están incluidos, como sujetos pasivos de juicio político, los presidentes, miembros de directorio y gerentes de empresas públicas, por ejercer rectoría de políticas públicas, manejar fondos públicos y ser designados por el Ejecutivo.
Para el efecto, el Titular de la Legislatura deberá proponer al Pleno adopte la respectiva resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 155, numeral 2, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Cabe indicar que, mediante sentencia emitida con fecha 29 de enero de 2020, la máxima instancia de control constitucional determinó que el artículo 131, en la referencia a los ministros y ministras de Estado como sujetos de fiscalización incluye a los funcionarios designados por el Ejecutivo que, con denominación de secretarios, tienen rango de ministro y ejercen la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo.
Subcomisión
Igualmente, el organismo, con el apoyo de los ocho legisladores presentes, designó a Fausto Terán, Luis Pachala, Eliseo Azuero y Alberto Arias, para que integren la subcomisión que tramitará la fiscalización de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en las contrataciones efectuadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en particular las relacionadas con la emergencia sanitaria para enfrentar la pandemia de Covid-19.
Como paso previo, la semana anterior, la Comisión decidió convocar al presidente del Directorio del IESS, Paúl Granda; al exdirector de la entidad, Ángel Loja; y, al Director de Comunicación, para que expliquen los referidos procesos contractuales.
Caso CNEL
Respecto de los procesos de fiscalización seguidos por dos subcomisiones en torno a las denuncias formuladas por los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad, Empresa Pública (CNEL EP), la Comisión aprobó el informe unificado, que recoge los antecedentes, compromisos de las autoridades y la verificación in situ de las condiciones en que labora el personal de la entidad, en algunas de las unidades de negocio, particularmente en varias provincias de la Costa.
En las conclusiones, las subcomisiones coinciden en que los trabajadores no cuentan con los implementos de protección necesarios para cumplir sus actividades de campo, un parque automotor obsoleto, así como la existencia de contratos de tercerización, en áreas que no están permitidas.
Para continuar con este proceso de fiscalización y, sobre todo, para plantear soluciones inmediatas, con plazos definidos, la Comisión, en el voto unánime de los 11 asambleístas, resolvió convocar al doctor René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovales, así como a Donald Castillo, interventor de CNEL EP, cuya comparecencia se verificará la semana entrante.
EG/cz
Asambleísta por la provincia de Manabí | Integrante de la Comisión De los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y de la Comisión de Fiscalización y Control Político | Alianza PAIS - Unidad Primero Visita mi Perfil
