María Mercedes Erbs, asambleísta por la provincia de Manabí, presentó un proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades, a fin de asegurar la protección y cumplimiento de los derechos de las personas que forman parte de este grupo población.
La legisladora advirtió que en el país pese a que las personas con discapacidad constituyen un grupo de atención prioritaria, en la práctica no existe una normativa clara sobre el alcance de esta prioridad, lo cual provoca una falta de accesibilidad al ámbito sanitario, laboral y educativo en igualdad de oportunidades, lo cual provoca la violación constante de sus derechos y afectación a la calidad de vida, hecho que le motivó a presentar este proyecto.
Dijo que dentro de la normativa ecuatoriana no se aplican de manera adecuada los criterios de prioridad para la atención e inclusión de personas con discapacidad, ya que existe un desconocimiento sobre su alcance y aplicación además de la falta de talleres de sensibilización para el trato a pacientes con discapacidad para evitar la discriminación en este ámbito.
Sostuvo que es imperante fomentar la participación activa y efectiva de las personas con discapacidad, así como su trato igualitario a través de un cuerpo normativo que adecue sus necesidades y el respeto a sus derechos constitucionales, así como generar concienciación comunitaria sobre discapacidades, crear asociaciones de personas con discapacidad, capacitar a la sociedad en general, y crear beneficios para la equiparación de oportunidades.
Indicó que para ello se requiere un refuerzo en el articulado que promueva la accesibilidad en varios ámbitos, como espacios públicos, transporte, comunicación, educación y tecnología. Adicionalmente, las nuevas construcciones y edificaciones deben cumplir estándares internacionales de accesibilidad universal, requiriendo con obligatoriedad el cumplimiento de la ley.
Por último, explicó que a través de la reforma se pretende reforzar los mecanismos de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, como campañas permanentes y obligatorias de sensibilización; programas de apoyo a familiares, cuidadores y funcionarios sustitutos de personas con discapacidad, lo que debe ir de la mano del reconocimiento de sus necesidades en el ámbito laboral para facilitar y mitigar los inconvenientes y limitaciones a los que se ven abocados por la necesidad de ser guardias, guías y cuidadores de personas con discapacidad.
PV
